La descentralización es un proceso, que busca transferir
funciones y competencias, gradualmente y según su complejidad, a los gobiernos
regionales creados, entre ellos al que corresponde a la región Piura. Con la
finalidad de establecer un cuadro valorativo a tener en cuenta en las acciones
de descentralización que compromete a instituciones públicas e individuos se
ha establecido, los principios , de la descentralización. Esta es una parte
modular en el proceso de descentralización que vive el país, y que toma como
referente a prevenir, los procesos fracasados que la historia peruana muestra
cuando se analiza el centralismo del Estado peruano.
En
tal sentido, la permanencia del proceso, obliga al análisis y evaluación
permanente de todas las acciones que implican a la descentralización. El
gobierno nacional por imperativo de este principio ha establecido el Plan de
Transferencias Sectoriales, que determina competencias y cronogramas a
tenerse en cuenta para que el Gobierno Nacional entregue a los Gobiernos
Regionales y Locales aquellas funciones y competencias, que por el principio
de la subsidiaridad le corresponde ejercer a las instancias
descentralizadas.
De
igual manera se precisa, entre los principios que es irreversible. Veamos de
manera sistémica los principios establecidos para el proceso de
Descentralización:
Principios Generales de la Descentralización:
Es
permanente:
Constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, cuyo
efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, Organismos
Constitucionales Autónomos y al gobierno en su conjunto.
Es dinámica:
Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma gradual por etapas,
previendo la adecuada asignación de competencias y la transferencia de recursos
del nivel central hacia los gobiernos regionales y los gobiernos locales;
promueve la integración regional y la constitución de macro regiones. Exige
una constante sistematización, seguimiento y evaluación de los fines y
objetivos, así como de los medios e instrumentos para su consolidación.
Es
irreversible:
El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país; espacialmente mejor
organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más
justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente
institucionalizado.
Es
democrática:
Es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en los
planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero.
Promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de
desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, basada en
la participación y concertación en la gestión de gobierno.
Es
integral:
Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio nacional, así
como las actividades privadas en sus diversas modalidades, mediante el
establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen el desarrollo
integral del país.
Es
subsidiaria:
Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia,
efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. La
subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a
cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los
servicios del Estado a la comunidad.
Es
gradual: El
proceso de descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y
ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de
competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los
gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad.
Principios
específicos de la descentralización fiscal
Los
principios específicos de la descentralización fiscal son los siguientes:
a) Competencias
claramente definidas.
Se debe tener una distribución clara y precisa de funciones entre los niveles
de gobierno nacional, regional y local, con el fin de determinar la
responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de servicios de cada
uno de ellos, así como propiciar e incentivar la rendición de cuentas de los
gobernantes.
b) Transparencia
y predictibilidad.
Se debe contar con mecanismos transparentes y predecibles que provean la base de
recursos fiscales a los gobiernos subnacionales.
c) Neutralidad
en la transferencia de los recursos.
Se debe establecer un programa ordenado de transferencia de servicios y
competencias del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales con efectos
fiscales neutros, es decir, evitar la transferencia de recursos sin contraparte
de transferencia de responsabilidades de gasto.
d) Endeudamiento
público externo.
Es competencia exclusiva del gobierno nacional y debe concordar con el límite
del endeudamiento del sector público y las reglas de transparencia y prudencia
fiscal que señala la ley. Los gobiernos regionales y locales sólo pueden
asumir endeudamiento público externo, emitir bonos y titulizar cuentas, con el
aval o garantía del Estado.
e)
Responsabilidad
fiscal. Se
debe establecer reglas fiscales que incluyan reglas de endeudamiento y de límites
de aumento anual de gasto para los gobiernos subnacionales, compatibles con las
reglas de transparencia y prudencia fiscal para el gobierno nacional, con el
objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal de la descentralización. El
gobierno nacional no podrá reconocer deudas contraídas por los gobiernos
subnacionales.
Los
principios enumerados son los contemplados en la Ley de Bases de la
descentralización; en la esencia de lo que se busca lograr con este proceso,
observamos que se ha dado marcha a lo que corresponde al Gobierno Central;
quedando pendiente la responsabilidad que corresponde a los Organismos
Constitucionales Autónomos, para que inicien por obligación legal y política
propia, la descentralización administrativa, económica y política en los
asuntos de su competencia. La superintendencia de Banca y Seguros; Essalud;
Banco Central de Reserva, tendrán que replantear su funcionamiento de acuerdo a
la nueva realidad política del país.
Lo
mismo sucede con el Poder Judicial, aunque este tema por su complejidad debe ser
analizada con amplio criterio.
Los
principios asimismo condicionan una actitud, por cuanto se expresa que el
proceso de descentralización e irreversible; integral, gradual. La abundancia
de leyes que tenemos en Perú, regulando la mayoría de actividades, pero que no
se cumplen, se espera que la voluntad política de quienes ejercen el poder, se
cumpla, ya que en estos momentos el debate es tan bizantino y mezquino, que se
quiere tener gobiernos regionales de lujo y con escaso poder de decisión.
Por
otro lado; la Ley Orgánica de Regiones, también ha establecido principios
rectores de las políticas y la gestión regional;
Principios
rectores de las políticas y la gestión regional
-
Participación.-
La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y estrategias
concretas de participación ciudadana en las fases de formulación,
seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la
ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales.
-
Transparencia.-
Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del Gobierno
Regional serán difundidos a la población. La implementación de portales
electrónicos en internet y cualquier otro medio de acceso a la información
pública se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Nº 27806.
-
Gestión
moderna y rendición de cuentas.- La Administración Pública Regional
está orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una
evaluación de desempeño. Los gobiernos regionales incorporarán a sus
programas de acción mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la
ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su
gestión. La Audiencia Pública será una de ellas. Los titulares de la
administración pública regional son gestores de los intereses de la
colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la ley
establezca.
-
Inclusión.-
El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno
dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural,
de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente
excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito
rural y organizados en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus
perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los derechos
de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia,
religión o género y toda otra forma de discriminación.
-
Eficacia.-
Los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y
proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y
metas explícitos y de público conocimiento.
-
Eficiencia.-
La política y la gestión regional se rigen con criterios de eficiencia,
desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los
objetivos trazados con la utilización óptima de los recursos.
-
Equidad.-
Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y orientador
de la gestión regional. La gestión regional promociona, sin
discriminación, igual acceso a las oportunidades y la identificación de
grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial
por la gestión regional.
-
Sostenibilidad.-
La gestión regional se caracteriza por la búsqueda del equilibrio
intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr
los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección
de la biodiversidad.
-
Imparcialidad
y neutralidad.- Los Gobiernos Regionales garantizan la imparcialidad y
neutralidad en la actuación de la Administración Pública.
-
Subsidiariedad.-
El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las
distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, el Gobierno
Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente
por los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en
realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos
locales, evitando la duplicidad de funciones.
-
Concordancia
de las políticas regionales.- Las políticas de los gobiernos
regionales guardan concordancia con las políticas nacionales de Estado.
-
Especialización
de las funciones de gobierno.- La organización de los gobiernos
regionales integra las funciones y competencias afines, evitándose en
cualquier caso la existencia de duplicidad de funciones entre sus distintas
gerencias u oficinas.
-
Competitividad.-
El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de la
competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación,
impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, el
fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, instituciones
y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabonamientos
productivos; y, facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formación
de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados y
la exportación.
-
Integración.-
La gestión regional promueve la integración intrarregional e
interregional, fortaleciendo el carácter unitario de la República. De
acuerdo con este principio, la gestión debe orientarse a la formación de
acuerdos macrorregionales que permitan el uso más eficiente de los
recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más competitiva.